Vayamos a los hechos: el 22 de
julio de 2012, en un accidente de tráfico en una carretera de Cuba, mueren los
disidentes cubanos Oswaldo
Payá y Harold Cepero. El
coche donde viajaban los dos políticos cubanos lo conducía el militante de las
Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid Ángel Carromero, que sufrió
heridas no muy graves y al que las autoridades de la dictadura cubana
detuvieron inmediatamente.
De acuerdo con las prácticas habituales en las dictaduras -y es muy triste tener que recordar
a los españoles que la cubana es una de las dictaduras más criminales de la
Historia-, las autoridades cubanas le obligan a grabar un vídeo en el
que, con voz temblorosa (no es para menos cuando estás preso en un régimen en
el que la vida de las personas -sobre todo si no son del Partido- no vale nada)
y mirada perdida, Carromero se autoinculpa de haber cometido infracciones de
tráfico y da por buena la versión del accidente de los castristas. A las pocas
semanas se celebra el «Juicio Popular» contra el joven español y es condenado a
cuatro años de cárcel por el delito de homicidio imprudente. Excuso decir las
nulas garantías que rodean ese juicio. A día de hoy las autoridades cubanas
siguen negándose a entregar la autopsia a la viuda de Oswaldo Payá,Ofelia
Acevedo.
Las gestiones del Gobierno
español, al amparo de un Convenio entre Cuba y España sobre ejecución de
sentencias penales firmado en 1998, consiguen que Carromero sea trasladado a
una cárcel española, la de Segovia, el 29 de diciembre de 2012. Tras un mes en
la cárcel española, a Carromero se le concede el tercer grado, por lo que se le
permite salir con una pulsera que le mantiene permanentemente localizado y
teniendo que ir a dormir a la cárcel.
Hasta aquí ya hay motivos más que suficientes para estar
preocupados por la sumisión que la dictadura comunista cubana impone a la
democracia liberal española. Porque reconocer como buenas las versiones de ese
accidente que da una dictadura sanguinaria como la cubana es mucho reconocer.
Hay que tener en cuenta que
ese accidente ha tenido una especial repercusión en Cuba, pues Oswaldo Payá era
uno de los disidentes más prestigiosos, si no el más, y todo el mundo estaba
convencido de que sería un hombre clave en el proceso de transición a la
democracia que, antes o después, tendrá que afrontar esa república hermana.
Pero lo que ya resulta mucho menos comprensible para las personas que creemos
en la necesidad de luchar contra las dictaduras en la medida de nuestras
posibilidades y de reconocerles la menor legitimidad posible son las dos
últimas actuaciones de la Audiencia Nacional española en relación con este
caso.
Primero ha sido el informe
de la Audiencia oponiéndose a que el Gobierno concediera el indulto a
Carromero, que había solicitado la familia de Oswaldo Payá, acogiéndose al
artículo 13 de ese Convenio entre Cuba y España que expresamente permite que
cada parte pueda conceder indultos, amnistías o conmutaciones de pena. La
Audiencia, para oponerse al indulto, argumenta que Carromero tenía seis multas
de tráfico y que no muestra arrepentimiento. ¿De qué tiene que arrepentirse
Carromero? ¿De haber ido a Cuba a mostrar su apoyo y solidaridad a un heroico
disidente que luchaba por la libertad frente a un régimen despótico, como han
hecho dos docenas de diputados del Congreso? ¿De haber tenido un accidente, que
nadie ha investigado, en el que, curiosamente y como suele ocurrir en las
dictaduras comunistas, mueren de forma inexplicada dos opositores que resultan
molestos al régimen?
Si esta actuación de la
Audiencia Nacional suscita la perplejidad, aún más la suscita el rechazo de la
Fiscalía a admitir a trámite la querella presentada por la familia de Oswaldo
Payá contra dos mandos del Ejército cubano por la muerte del disidente. Porque,
y esto es muy importante, Payá, aparte de haber sido premio Sajarov del
Parlamento Europeo a los Derechos Humanos, resulta que era ciudadano español. Y
la misma Audiencia que ha mostrado frecuentemente, y me parece muy bien,
interés por encausar a los responsables de la desaparición de ciudadanos de
origen español en las dictaduras del cono sur en los años setenta, ahora da por
buena la versión de la dictadura castrista y le dice a la viuda y a los hijos
del español Payá que España, su patria, no va a hacer nada por averiguar qué ha
pasado en la extraña muerte de su marido y padre.
Estas dos resoluciones
están, como tantas veces en los asuntos judiciales, aderezadas con todo tipo de
razonamientos que, en el fondo, sólo demuestran que España reconoce a Cuba como
si fuera un país normal en el que rige el estado de derecho y las garantías
procesales para los penados. Se podría aceptar ese reconocimiento si sirviera
para mejorar la situación de aquellos españoles que encausa el régimen cubano
por delitos comunes. Pero resulta absolutamente incomprensible que España
acepte los razonamientos de ese régimen cuando se trata de un caso en el que
han muerto dos destacados opositores al régimen, uno de ellos español de
nacionalidad, y cuando las explicaciones de las circunstancias de su muerte son
claramente insuficientes.
En España tenemos que
aprender que, ante los totalitarios, el appeasement (apaciguamiento) con los
dictadores, como muy bien nos ha demostrado la Historia desde Múnich en 1938
con el pobre Chamberlain de tonto inútil, no sirve para nada, y que la única
forma eficaz de defender los intereses de los españoles y de la libertad frente
a esas dictaduras es plantarles cara.
16/09/13
Esperanza Aguirre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario