La muerte del ciudadano cubano Wilmar Villar Mendoza vuelve a colocar el tema político cubano en la mira noticiosa internacional. La prensa oficial de la Isla no tardó en dar su versión sobre el hecho. Una reacción que buscaba acallar el escándalo del fallecimiento de un preso al que Amnistía Internacional reconoció el estatus de prisionero de conciencia en diciembre último. La nota explicativa sobre la muerte de Wilmar divulgada por los medios de Cuba fue seguida por otra más extensa y agria en respuesta a la repercusión que tuvo este suceso en el exterior.
Aunque al gobierno cubano aparenta no perder la calma por el estado de la opinión pública sobre asuntos que atañen al mantenimiento de su poder absoluto se molesta en sumo grado cuando le juzgan por sus actos. Nuevamente el resquemor se avivó por las críticas provenientes de España, donde la mayoría de los medios del país criticaron al régimen de La Habana destacando su carácter dictatorial. El malestar del sistema unipartidista se acentuó por este repudio generalizado al que solo se resistieron sus más incondicionales. El sentimiento de rechazo resultó demasiado evidente. En uno de los segmentos del programa La noche en 24 horas de Radio Televisión Española donde se analizaba la noticia, los periodistas presentes en el debate coincidieron en hacer un juicio negativo sobre la situación existente la isla caribeña y la política seguida por el gobierno socialista de Zapatero. Incluso catalogaron de mesuradas las palabras de condena emitidas ese día por la vice presidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Para silenciar las voces de condena y al menos crear la duda entre quienes alzan reclamos de protesta por esta muerte, la propaganda castrista apeló a sus recursos de siempre: desacreditar y cambiar la historia a su favor. Casi desde su arribo al poder el gobierno de Castro se dio a la tarea de tildar a sus oponentes de traidores, esbirros, agentes del Imperio, confundidos, vagos, lumpen, delincuentes. Estos, entre otros calificativos, son los más utilizados por la dictadura para denigrar a sus víctimas.
Los epítetos han sido aplicados a conveniencia y según el estilo en práctica. El delictivo es el patrón de moda en la actual etapa. Fue aplicado a Orlando Zapata Tamayo fallecido tras mantener una extensa huelga de hambre. Una muerte que apunta al asesinato político. Volvieron a emplearla en el caso del disidente Juan Wilfredo Soto García, detenido después de ser golpeado en un parque de Santa Clara. A pocas horas de la liberación sin cargos se producía el deceso producto de un cuadro clínico inferido del castigo policial. El cuadro se repite con Wilmar Villar, presentado como un abusador de género al que se detuvo por la denuncia de su propia suegra. A esto se agregó el cargo por resistencia a la detención.
La viuda de Villar niega las pruebas presentadas por las autoridades sobre una supuesta acusación circulada en Cubadebate donde se incluye el certificado médico del maltrato. Presentar pruebas aportadas por familiares directos o cercanos de aquel a quien se quiere enlodar no es una táctica novedosa. Sobre la particularidad se recogen múltiples ejemplos en diferentes procesos totalitarios padecidos por la Humanidad. El de Cuba no es la excepción. Conozco de una madre que apostrofó a su hijo preso por un intento de salida ilegal del país. La mujer, en aquellos momentos una revolucionaria convencida, no cuestionó la condena desmesurada de doce años impuesta en un juicio sin garantías. Lejos de ello lamentó que el castigo fuera poco severo. Lo dijo delante de los carceleros. Otra se negó a visitar al hijo disidente encarcelado por ese motivo. Son casos extremos en una sociedad dominada por el influjo del líder supremo al que quedaron supeditados hasta los más sagrados lazos de familia, con la consecuente quiebra de la sociedad. Por ello las dudas son justificadas a pesar de los argumentos y las protestas de sinceridad expresadas por el sistema político imperante.
Ni siquiera sirven los testimonios presentados a través de documentos y declaraciones públicas presentadas como prueba sólida de probidad en un contexto donde nada se resiste a la manipulación. Legitimidad discutible de firmas, que aún siendo reales se hacen impugnables por el influjo del miedo o la presión; declaraciones invalidadas por el ajuste de un libreto riguroso dictado por los carceleros; fechas sin valor probatorio cuando es tan sencillo retroactivarlas en un papel. Datos todos elaborados a la medida de la autoridad absoluta que dispone de la maquinaria avasalladora contra el ciudadano común que se la enfrenta.
Pero aún si los personeros del gobierno tuvieran razón al afirmar que todos los que se les mueren en las cárceles son delincuentes y no personas que reclaman derechos políticos cabe el reparo cuando esto ocurre en un estado policíaco que determina juicios, condenas y castigos aplicados de manera arbitraria al margen del derecho de la defensa y con especial saña si se trata de casos políticos. De este asunto trata la muerte de Wilmar Villar, la de Orlando Zapata, la de Juan Wilfredo Soto o la de Adrián Leiva, mantenida esta última en la absoluta inercia investigativa. La falta de derechos y libertades es el punto que debe ponerse al día para que queden en claro las verdades de Cuba, esas que son en definitiva las verdades de la gente indefensa y sin voz a merced de los que les gobiernan.
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